Hace pocos días dentro del mundo minero en México existen dos notas que han acaparado la atención de medios de comunicación, siendo la primera de ellas el problema ambiental que generó la minera Buenavista del Cobre (filial de Grupo México) en el río Sonora; la segunda nota sigue siendo la posible extradición de Napoleón Gómez Urrutia por desvío de recursos del sindicato que heredó de su padre.
Tanto para el caso ocurrido en Sonora, como el del ex líder minero existe un marco legal que debió regular y evitar que ambos casos sean hoy un problema de grandes dimensiones; lo único necesario era aplicar la ley tal como ha sido redactada para el sector minero y la vida sindical.
La comparación que existe entre el nuevo sector petrolero y el minero gira en torno a la misma temática, al no tener la certeza si en primer lugar las leyes promulgadas en la reforma energética son las adecuadas o se llevarán a la práctica para evitar la formación de grupos de poder capaces de decidir quiénes serán los candidatos a Gubernaturas o Congreso Federal, así como la cuestión de un desastre natural, tal como el que se mencionó al comienzo de esta nota.
Hoy el sector energético dejó de tener al enemigo al interior de los sindicatos y su corrupción, para dar paso a las decisiones que pueda tomar la élite financiera y los actos de presión que de ahí salgan para obtener mayores beneficios que los estipulados por la ley.
Si Napoleón Gómez Urrutia siendo un líder sindical de un sector de importancia económica, pero no mediática, fue capaz de brincarse la legislación laboral y financiera para su beneficio, a cambio de apoyos para apuntalar candidatos a Diputaciones locales y Federales con recursos públicos, es algo que se puede replicar en similar forma en el sector energético.
No estamos exentos de que una petrolera de poder internacional sea capaz de sugerir candidatos para Gobernador a los partidos políticos más fuertes en estados costeros del Golfo de México, lo cual sería conveniente al momento de revisar o modificar la legislación en materia ambiental, fiscal y laboral; no estamos exentos de que los Embajadores de países como Estados Unidos, Reino Unido o España intenten presionar a la cancillería mexicana para que se puedan flexibilizar las leyes en materia de regulación o solicitar una prórroga en el pago de impuestos a cambio de la infraestructura que puedan generar alrededor de la zona de explotación.
No es un escenario extraño en ningún país del mundo que el poder económico se mezcla con el político para obtener mejores beneficios o presionar a favor de cierto sector o industria; en la actualidad existe una tele bancada en el Congreso, la relación entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Presidencia es de las más estrechas en el mundo, existe un vínculo entre ciertos líderes sindicales y el poder Federal (el sindicato petrolero no salió a la protesta durante las negociaciones y después de la reforma energética), por lo que será inevitable que altos ejecutivos de las nuevas empresas que lleguen a invertir no busquen tener la misma relación que mantienen los actores ya citados.
El problema mencionado de presentarse, radica en el hecho que volverá a las leyes en inútiles, dejándonos ante situaciones problemáticas de mayor tamaño que las ocasionadas por el subsector minero en México.