El pasado miércoles 9 de julio, el académico e investigador de El Colegio de México, doctor Sergio Aguayo, publicó en el diario Reforma una columna intitulada “Preso Político”, referida a la aprehensión del médico José Manuel Mireles, supuesto autodefensa michoacano y actualmente procesado por delitos contra la salud y portación ilegal de armas (consultable en su propio sitio: http://sergioaguayo.org/index.php/reforma/entry/preso-politico#page) y el día viernes 11, en el sitio de El Colegio de México, comparte un video de siete minutos que lleva por título “Para entender la aprehensión del Dr. Mireles”, donde repite los mismos argumentos (consultable en: http://digital.colmex.mx/index.php/para-entender-la-aprehension-del-dr-mireles).

Lo que salta a la vista (y debería preocupar a todos), es que la postura del doctor Aguayo (como la de muchos derechohumanólogos) desprecia de forma apriorística el punto de vista estrictamente jurídico. Para empezar, lo que el doctor Aguayo dice sobre los expedientes que se le abrieron a José Manuel Mireles, tanto en la averiguación previa como en el proceso al que está sometido, son argumentos de oídas, como claramente lo expresa.

Mireles, en términos objetivos, fue detenido por delitos contra la salud y por portación de armas. Eso basta y sobra para abrir una averiguación previa a quien sea y luego sujetarlo un proceso. Ahí es donde está el médico ahora y no hay sentencia aún, por lo que el estado mexicano no se ha pronunciado sobre su inocencia o culpabilidad. Por lo tanto, no puede hablarse de ninguna clase de preso, sino de procesado. Esta diferencia, que suele ser obviada por medios de comunicación y opinólogos de todo tipo, es fundamental. Un preso es una persona que ya es considerada culpable y purga una pena que le ha sido impuesta por la autoridad judicial. Un procesado es alguien que está en un juicio, con todas las posibilidades y medios para probar su inocencia.

De igual forma, los argumentos de Aguayo giran en torno a hechos ajenos los que tienen que ver con la detención: que si Mireles es popular, que si Mireles hace justicia, que si Mireles estaba más guapo con su pelazo y su bigote y que si el presidencialismo (malvado, desde luego) está más vivo que nunca. Si aplicar la ley significa que el presidencialismo omnímodo está de regreso, adelante: seamos presidencialistas. Es lo que necesita este país. Basta de negociar la aplicación del orden jurídico o de aplicarlo desigualmente.

El pregón de Aguayo y la clase de supuestos defensores de derechos humanos a la que pertenece (académicos y activistas de sillón que rara vez están conectados con un verdadero ejercicio profesional), es un absurdo peligroso: hacen creer a la gente que a la ciudadanía se le fortalece debilitando al Estado. Eso es un sinsentido, una propuesta alejada de la realidad y, de seguir practicándose, un ejercicio contraproducente. Es algo que nos daña a todos.

Si lo que se va a atacar es la detención de Mireles, no puede disociarse nomás porque sí el punto de vista jurídico. Al contrario: la primera de las garantías individuales en el mundo moderno es la del debido proceso. Y para que haya debido proceso, debe haber sujeción a la ley por parte de todos: acusado, acusador y juzgador. Antes que todo, una aprehensión es un acto jurídico, así sea como consecuencia de una estratagema política.

No pretendo que se ignoren los hechos que menciona Aguayo como posibles motivos en la detención. Si el procesado y sus abogados creen que deben considerarse, también deben ser valorados. Por ello hablo del debido proceso: en un juicio que siga las formalidades de la ley (y que es lo que a los derechohumanólogos debería preocuparles), si hay una injusticia, esta deberá aclararse en las etapas oportunas, mediante el ofrecimiento de las pruebas respectivas y los alegatos de la defensa.

Pero Aguayo habla de la aprehensión como si se tratara de un caso que ya tiene sentencia. Eso no es cierto y él lo sabe. Si tanto desea señalar al Gobierno federal como fabricante de presos políticos, que al menos espere a que haya una sentencia firme contra Mireles. Si no, comete los errores que él está denunciando.

Pero elaborar argumentos más técnicos (y, en consecuencia, sólidos) no es algo fácil y tampoco es algo vendible fácilmente en los medios. Si el doctor Sergio Aguayo lo hubiera hecho, casi nadie habría terminado de ver su video o leer su columna. La comentocracia no gusta de razonar tanto como gusta de vender.