En 2006 el cantante Laureano Brizuela publicó un libro sobre su encarcelamiento, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por el delito de fraude fiscal. En el relato acusó al que fue su acusador, Francisco Gil Díaz, en aquel tiempo subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda que encabezaba Pedro Aspe Armella.

Brizuela había vendido millones de discos, es decir, era famoso y su detención se usó para sembrar miedo. Si a una celebridad la llevaban a la cárcel por no pagar impuestos, a cualquiera le podía pasar. Era el mensaje que Gil Díaz y Aspe Armella lanzaron buscando elevar la recaudación tributaria.

En La Jornada, hablando sobre su libro, Brizuela dijo: “¿Quién es hoy Gil Díaz para mí? Es la misma persona que me fabricó un caso, quien abusó de un cargo que le fue conferido; me eligió al azar, con mucha saña y premeditación… Gil Díaz ya tenía afanes globalizadores y en Estados Unidos le pidieron que aplicara medidas fiscales. Aplica el ejemplo, un castigo ejemplar. Regresa a México y de una lista donde figurábamos varios artistas, como José José, Yuri, Juan Gabriel, Luis Miguel y yo, me eligieron a mí. Me pusieron el dedo en esa lista”.

De la siguiente manera recordó el cantante el momento de su arresto: “Canté en Miami y vine a México en Panamerican; se abrió la portezuela y se me acercaron unos tipos vestidos de negro con armas largas. Me pasearon durante 40 minutos por varias zonas aledañas al aeropuerto. Me callaban. Pedí hablar con mis abogados. Me dieron otro paseo y me metieron en un cuarto. Solicité hablar por teléfono. No me dejaron”.

Fue Francisco Gil Díaz la persona que trajo a México el terrorismo fiscal. En la página de internet Noicierofiscal.com se explica que hasta 1989 los delitos fiscales eran inexistentes en México, pero la llegada de Carlos Salinas al poder cambió esa situación: “Hasta ese momento, 1989, si un evasor pagaba los impuestos omitidos y los accesorios, la Procuraduría Fiscal de la Federación concedía el sobreseimiento del proceso, mal llamado perdón fiscal”.

A partir de ese año, el perdón desapareció: “La política de recaudación cambió, en el proceso, la SHCP enviaba una carta al juez de la causa en la que decía que a pesar de que el procesado había pagado o garantizado, la SHCP tenía interés especial en seguir el proceso y que se castigara al procesado con todo el peso de la ley”.

En ese contexto, al finalizar 1989, Laureano Brizuela fue a dar a la cárcel: “En el noticiero 24 horas se dio la noticia, el cantante argentino Laureano Brizuela había sido detenido y llevado al Reclusorio Oriente acusado de fraude fiscal”. La citada página de internet dice que las imágenes de las admiradoras de Brizuela llorando en la cárcel marcaron aquel tiempo. Es que no fue Brizuela el único famoso en ser perseguido. Hubo muchos casos más.

¿Funcionó el “terrorismo fiscal”? Al parecer, sí. Según Noticierofiscal.com, en seis años se presentaron nada más 600 querellas penales por asuntos de impuestos, “pero la publicidad que se le dio a cada uno de estos casos en la prensa… hizo que la recaudación subiera de inmediato”. El derecho fiscal se puso de moda y la revista Proceso, en una de sus portadas, publicó una foto de Francisco Gil Díaz al lado de la expresión “Terrorismo fiscal”.

Pero sembrar el terror no siempre funciona. En el México de hoy no es aconsejable utilizar el miedo para recaudar mayores recursos. Esto es algo que se ha logrado, sin duda, pero solo como efecto de la reforma hacendaria del año pasado, es decir, sin ninguna cacería de famosos para exhibirlos como ejemplo.

El contribuyente mexicano sabe que si no paga será castigado. Nadie que lleve una contabilidad ignora que hay permanentemente procesos de auditoría que pueden llegar a los tribunales. Son normales los litigios por impuestos. Muchas veces los gana el ciudadano, otras la autoridad recaudadora. Hay procesos penales en marcha, pero no se publicitan. Qué bueno que así sea, no aguantaría la sociedad mexicana actual linchamientos públicos de personas que podrían ser deshonestas, pero que podrían no serlo; recordemos que los procesos pueden durar mucho tiempo antes de que se determine si el acusado es verdaderamente culpable o si no lo es en realidad.

La auditoría fiscal en México ha sido cara –lo recaudado ha sido mínimo comprado con lo que se gasta en todo el proceso– y ha estado llena de vicios de forma que han impedido al gobierno ganar muchos casos, incluso cuando ha tenido la razón. Por fortuna, los procedimientos han mejorado. Creo que ya se ha empezado a auditar electrónicamente o el SAT está a punto de hacerlo. Una de las ventajas que para la autoridad tendrá esto, entre muchas otras, es la de que no perderá juicios por notificaciones o citatorios mal hechos.

Es deseable que Hacienda no pierda los juicios cuando tiene la razón. Ha perdido bastantes en el pasado. Cada día mejora su promedio de bateo, por así decirlo, porque cada día entienden mejor el tema los jueces y los magistrados. Ya hasta hay, en la Suprema Corte, un ministro que antes de serlo trabajó como recaudador de impuestos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cuando llegó al poder judicial dijo que iba a analizar si se excusaba o no de conocer algunos amparos y demandas en contra del Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, del que fue jefe. No sé si lo ha hecho, pero en cualquier caso no se excusará siempre. Lo que sea, como conoce la materia juzgará con mayor sensatez que otros ministros los grandes asuntos fiscales que lleguen a la Suprema Corte.

Si no es deseable que el SAT pierda los juicios cuando tiene la razón, resulta bastante más indeseable que los gane cuando no la tiene. Con jueces mejor preparados para entender la naturaleza de los impuestos como el señor Gutiérrez Ortiz Mena puede esperarse que no se cometan tantas injusticias contra los contribuyentes a los que, como a veces ocurre, por falta de información, por prisas o por lo que sea los funcionarios fiscales acusan indebidamente.

Están mejorando los procesos de auditoría, y qué bueno. Esto no resuelve un problema bastante complejo del que se quejan no pocos empresarios: el de que, sobre todo en las poblaciones pequeñas, siempre se audita a los mismos contribuyentes. En ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey donde hay un número elevado de empresarios y empresas grandes con recursos suficientes como para que valga la pena auditarlos, no es frecuente que a la misma persona física o moral se le audite varias veces. Pero en ciudades más pequeñas o con pocas actividades productivas relevantes el representante del SAT para cumplir con su trabajo de auditoría necesariamente tiene que estar siempre auditando a los mismos dos o tres ricos del pueblo, porque el resto de la gente tiene tan poca importancia económica que ni al caso viene molestarla.

Ni hablar, así son las cosas. La autoridad tiene que revisar a los contribuyentes, sobre todo a los de mayor tamaño.

Un tema es que haya pocas grandes empresas en algunas ciudades, y por lo tanto siempre se audita a las mismas, que es lo que afirman los empresarios afectados, y otro muy distinto es la economía informal a la que se dedican millones de personas que nomás no pagan impuestos.

Si Francisco Gil Díaz y Pedro Aspe Armella hubieran dedicado a buscar nuevos contribuyentes todo el tiempo y el talento que usaron para crear el esquema del terrorismo fiscal, no habría tanta informalidad en la economía mexicana. Algo hicieron ellos y los funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Hacienda en los sexenios posteriores al de Carlos Salinas. Pero evidentemente no funcionaron, en términos de incorporar nuevos contribuyentes, los programas que desarrollaron Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, el propio Gil Díaz ya como secretario, Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade. No fueron malos secretarios de Hacienda, simplemente no pudieron con algo tan complejo como diseñar esquemas eficaces para sacar de la informalidad a tanta gente.

Aprovechando la experiencia de todos sus antecesores –empezó su carrera como funcionario en la Secretaría de Hacienda cuando Aspe la encabezaba–, parece haber encontrado la fórmula para avanzar en la solución de ese problema el actual titular de Hacienda, Luis Videgaray. Seguramente bien asesorado por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, y el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, ha establecido el Régimen de Incorporación Fiscal, el RIF.

Ese es un esquema tributario sencillo. Busca que, de manera gradual, empiecen a tributar los contribuyentes con actividades económicas cuyos ingresos sean menores a 2 millones de pesos anuales.

Antes de exponer, tal como lo entiendo, el Régimen de Incorporación Fiscal, voy a tratar de explicar en muy pocas palabras qué ventaja puede tener para alguien que hace negocios en la informalidad, es decir, sin pagar impuestos, empezar a pagarlos. Encuentro por lo menos tres enormes ventajas: la primera de ellas, abrir la puerta del sistema financiero para la obtención de créditos, siempre necesarios para crecer; la segunda, calificar como proveedor de las grandes empresas y del gobierno, lo que en caso de darse significa muchos ingresos adicionales; la tercera, llevar a los empleados del negocio, y al propio dueño, a los sistemas de seguridad social, como el IMSS.

El Régimen de Incorporación Fiscal permite a los contribuyentes unirse, poco a poco, a la vida tributaria de una manera simple y no onerosa. A partir del primer año, el nuevo contribuyente calculará el impuesto, pero no lo pagará. El segundo pagará solo el 10% de lo que le corresponda. El tercero pagará el 20%. Y así año con año hasta llegar a pagar la totalidad de su carga fiscal.

Las obligaciones fiscales para el nuevo contribuyente son mínimas, entre otras: Las declaraciones se hacen de manera bimestral y no se necesita la declaración anual; se lleva una contabilidad simplificada, casi un elemental registro de entradas y salidas; se tienen que expedir comprobantes fiscales, y los pagos superiores a 2 mil pesos deben realizarse mediante cheque o tarjeta de crédito o débito.

El jefe del SAT, el señor Núñez Sánchez, dijo en una entrevista que el éxito del Régimen de Incorporación Fiscal depende de dos verbos: convencer y persuadir.

Muy bien, hay alrededor de 4.1 millones de contribuyentes dentro del Régimen de Incorporación Fiscal, lo que representa algo así como el 14% de los 29 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad. Lo anterior significa que el SAT va a tener que convencer y persuadir mucho más de lo que lo ha hecho hasta el momento. Es buena la difusión que se ha dado a las ventajas del RIF, pero no se ve suficiente. Se necesitaa informar, no solo con boletines, sino también negocio por negocio, taller por taller, que el RIF permite a sus contribuyentes no pagar el impuesto al valor agregado correspondiente a sus ingresos, siempre y cuando en los comprobantes que emitan por tales ingresos no trasladen ese impuesto y no acrediten el impuesto pagado a sus proveedores; pone a disposición de estos contribuyentes herramientas electrónicas simples para el control de sus operaciones, como contabilidad, facturación, etcétera, además de haber emitido un estímulo en lo relacionado con el IMSS, por medio del cual se aprueba que estos contribuyentes, al inscribirse en el IMSS como nuevos patrones, paguen sus cuotas también en un esquema de reducciones graduales.

Se trata de un gran programa, sin duda. Un programa que funciona. Pero existe mucho desconocimiento acerca del mismo. Urge hacer ver a todas las personas que se dedican a las actividades económicas informales las ventajas del Régimen de Incorporación Fiscal. Insisto, no solo con publicidad en los medios, sino también casa por casa. No sé si sea una tontería dedicar a buena parte del personal del SAT a trabajar menos en las auditorías para acudir a tantas empresas informales a hablar con los dueños y persuadirlos, y desde luego convencerlos, de que la formalidad es negocio, y que bien llevada es mucho mejor negocio que estar al margen del sistema.

Al mismo tiempo, los representantes del SAT, en visitas taller por taller, restaurante por restaurante, podrían exigir que el Régimen de Incorporación Fiscal no sea pretexto para abusos, como el de la foto del principio de esta columna, en la que se ve el letrero que puso afuera de su negocio un pequeño restaurantero que, supuestamente amparado en el programa, anuncia que no emitirá comprobante fiscal alguno a aquel contribuyente que lo solicite ya que él está en el RIF.