Dicen los priistas de Quintana Roo que la nueva Ley de Ordenamiento Social, conocida ya como ley anti marcha, que acaba de ser aprobada por el congreso mayoritariamente priista sometido al gobernador priista Roberto Borge, no pretende criminalizar a los potenciales manifestantes. Tienen razón, la ley hace algo más que criminalizar (criminalizar sin  una ley punitiva queda a veces en mera amenaza, en “teoría”, aquí se llega a más), “permite la utilización de la fuerza pública para disolver estas movilizaciones” (El Universal; 24 y 25-03-14). Es decir, fuerza pública que puede significar encapsulamiento (a la Mancera, o peor), toletes, chorros de agua, gas pimienta, ¿balas de goma o de otra intensidad; francotiradores? Algunas de las causas para la disolución violenta serán la marcha por avenidas y zonas prohibidas -¡!-, y lanzar “injurias”, ¡uta!

Los priistas quintanarroenses dicen que “se garantiza la libre manifestación de ideas y la libertad de expresión y asociación”. Siempre y cuando amablemente se solicite permiso para manifestarse 48 horas antes. Como si Quintana Roo se ubicara en algún país desarrollado de Europa. Como si México fuera Suecia y las manifestaciones sólo fueran a favor de las causas de las mascotas de los niños o la protección de los árboles verdes. Como si en México la sociedad tuviera satisfechos todos sus requerimientos básicos y no hubiera necesidad de manifestarse por nada.

Los ejecutores de la ley (aprobada sin consulta, en “fast track”, como la reforma energética; estilo que se va imponiendo) son los llamados diputados del PRI, Panal y Verde, quienes recibieron la felicitación de Borge. Particularmente, el diputado priista presentador de la iniciativa de ley, Juan Carrillo Soberanis, de quien Julio Hernández dice lo siguiente: “es uno de los políticos más cercanos al gobernador Roberto Borge Angulo. Carrillo ha sido líder de las juventudes priístas en el estado y se le ha mencionado como partícipe en tretas de obstrucción de actos de Andrés Manuel López Obrador en la entidad”. (Astillero, La Jornada, 26-03-14).

El gobernador de Quintana Roo ya piensa en grande y dice que su ley “puede ser retomada y perfeccionada en otras entidades de la República”.

Si se estima lo que el país ha alcanzado lentamente en la conquista de eso que llaman democracia y en lo mucho que ha ido ganando la ciudad de México en su historial de luchas (con pérdidas a veces, como con la propia ley anti-marchas aprobada en diciembre pasado), habría terminantemente que descalificar y oponerse a esta ley.

Con una ley de esta naturaleza se agrede con violencia de Estado a la sociedad y se le coarta el derecho a expresar el descontento y la irritación social a causa de las injusticias, el desempleo, los fraudes electorales o por la imposición de reformas no consultadas, por ejemplo.

¿Es el propósito del régimen imponerse por la fuerza e imposibilitar que los mexicanos demanden, defiendan y hagan valer sus derechos mínimos de ciudadanos de un país subdesarrollado?

Mas hay que tener en consideración que cuando la ebullición social brota y explota, no hay quien la detenga; y siempre es una posibilidad. ¿Cómo van a regular eso?