El buen periodismo del Grupo Reforma debe ser reconocido. También el del Grupo Imagen. Así, empiezo esta columna felicitando a los editores de los diarios El Norte, de Monterrey; Mural, de Guadalajara, y Reforma, de la Ciudad de México, y a los del periódico Excélsior. Todos ellos son influyentes por su profesionalismo.

Ahora bien…

Los diarios del Grupo Reforma dieron a conocer –cito al columnista El Abogado del Pueblo, de El Norte– “la misteriosa reunión que se dio en Tepalcatepec, Michoacán, el 5 de febrero entre el comisionado del gobierno federal en Michoacán y ex procurador federal del Consumidor, Alfredo Castillo, y Juan José Farías, ‘El Abuelo’, fichado tanto por la Sedena como por la PGR como capo del Cártel de ‘Los Valencia’ y ligado también al Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

El mismo columnista, como lo han hecho algunos otros en la prensa mexicana este lunes, ha comentado lo que dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acerca de esa reunión: “Creo que tendrían que preguntárselo más bien a quienes debieron haber tenido alguna razón (para reunirse), y no necesariamente es una mala razón, puede ser incluso una buena razón. Desconozco el asunto; no puedo opinar”.

A El Abogado del Pueblo –hasta donde estoy enterado un pseudónimo utilizado por la familia propietaria del Grupo Reforma para dar a conocer sus opiniones–, le gustó la respuesta de Murillo Karam. Lo entiendo, fue una buena respuesta de uno de los políticos más prudentes, por su experiencia y trayectoria, del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Pero, después de hablar bien del procurador, el columnista criticó duramente al comisionado Castillo porque este podría estar buscando alianzas con algunos grupos criminales para combatir a otras mafias. ¿Es así? No parece.

Lo único que no podía hacer el titular de la PGR era mentir, y no mintió: con honestidad admitió que no sabía por qué se dio la reunión, y como no sabía rechazó car en el juego fácil de condenar el hecho sin tener mayores elementos para hacerlo.

Desde luego una razón hubo detrás del encuentro entre el comisionado Alfredo Castillo y el presunto lugarteniente del Cartel de los Valencia. El propio comisionado la dio a conocer. No es una buena razón y no podía serlo. Pero la que está detrás del cuestionado hecho es la “menos mala” entre todas las posibles malas razones: Castillo no sabía quién era la persona que se le acercó en una bodega de Tepalcatepec y nadie le informó que se trataba de alguien que había sido procesado por narcotráfico y que, después de habar estado tres años en la cárcel, fue absuelto por el poder judicial.

Castillo dijo a Reforma lo siguiente: “Cuando entré a la bodega, a mí se me acercó una persona y me dijo: ‘Oiga, quiero decirle que yo soy fulanito de tal. Yo no ubiqué el nombre ni ubiqué a la persona; yo ni sabía’. Ahí estaban el jefe de la Policía Federal, estaba el jefe de la zona militar de ahí, y en ningún momento nadie me hizo señalamientos sobre esta persona”.

Es decir, el comisionado Castillo no sabía. Quizá su obligación sea la saber si la gente que se le acerca enfrenta problemas legales. Pero…, ¿es este exactamente el caso? Creo que no. Entendamos las cosas: el supuesto lugarteniente de Los Valencia no enfrenta en la actualidad ningún cargo. Estuvo en la cárcel, sí, por posesión de drogas y portación de un arma, pero no se le encontró culpable del delito de delincuencia organizada. Es decir, hoy por hoy no se halla ante proceso penal alguno.

Ahora bien, “El Abuelo” no es el único líder de las autodefensas michoacanas que ha estado detenido por asuntos relacionados con las drogas. Hay por lo menos otro en esa situación, alguien más conocido y mediático que Farías. Me refiero al doctor Juan José Mireles, un hombre que ha sido visto, por no pocos influyentes periodistas mexicanos y por buena parte de la oposición política, casi como un héroe.

Mireles fue arrestado el 8 de noviembre de 1988 “a las puertas de su domicilio en el municipio michoacano de Tepalcatepec por elementos de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF) en posesión de 86 kilos de mariguana, empaquetados en diez costales”, según dio a conocer el diario Excélsior. “Mireles recibió una sentencia de siete años y tres meses, y una multa de 50 mil pesos que pudo haber pagado con seis jornadas de trabajo en favor de la comunidad”.

Lo verdaderamente escandaloso del asunto no son los antecedentes de Mireles y “El Abuelo”, sino el hecho de que si hoy buena parte de la prensa considera que “El Abuelo” es un terrible criminal –y quizá lo sea, pero quizá no: en su momento se le exoneró–, cuando Excélsior dio a conocer el expediente del doctor Mireles, a este se le trató con justicia y aun con generosidad en algunos de los espacios noticiosos más influyentes. Lo hizo, por ejemplo, Carmen Aristegui en CNN en Español y en MVS Radio.

Así sintetizó CNN México en su portal de internet tal trabajo de Carmen Aristegui: “José Manuel Mireles, uno de los líderes de los grupos de autodefensa en la región de Tierra Caliente, Michoacán, dijo que la publicación de un expediente criminal supuestamente suyo es un intento por denostarlo ‘como si fuera un político… Hay muchas formas de denostar la imagen de alguien, lo malo es que me están utilizando como si fuera un político. Yo no soy político, no tengo miedo a la prensa’, dijo Mireles en entrevista con la periodista Carmen Aristeguien un fragmento de la segunda parte de la entrevista que será transmitida este martes en CNN en Español”.

Después de eso, nadie volvió a cuestionar a Mireles. Pero, veleidades de la prensa mexicana, con “El Abuelo” las cosas han sido diferentes. ¿Por qué el desigual trato? Porque si el primero es visto con simpatía por la oposición, el segundo sirve para golpear a un funcionario público que está poniendo orden en Michoacán.

Pero aclaremos las cosas: No es que nadie en la prensa tenga un interés especial en perjudicar al representante del gobierno federal. Lo que pasa es que sobran opinadores en los medios que basan su credibilidad no solo en un buen trabajo periodístico, sino también en hacer lo que ellos consideran políticamente correcto, esto es, apoyar la idea de cierta oposición de que todo está mal y nada puede mejorar.