domingo 20 de abril de 2014 | 11:34
Columnas

Algunos aspectos y cuestiones sobre la reforma energética.

Héctor Carrasco González @HEKOM lun 30 sep 2013 11:56

El PRI, partido con más representantes, y tomando en cuenta sus alianzas con partidos más chicos (PVEM y Panal), necesitaría otros 83 y 24 votos adicionales en las Cámaras de Diputados  y Senadores, respectivamente, para lograr así su aprobación mediante la mayoría constitucional.

El Ejecutivo propuso la apertura del sector energético a la iniciativa privada –nacional y extranjera– para garantizar el abasto de energía eléctrica y combustibles en el largo plazo, y disminuir los precios de algunas fuentes de energía. En otras palabras, esto significa un asunto de seguridad nacional. Los argumentos principales de su reforma son:

  1. Pemex y CFE seguirán siendo 100% de los mexicanos.
  2. Bajarán el precio de la luz y el gas.
  3. Se crearán cerca de 1.5 millones de empleos para el 2018 y 2.5 para el 2025.
  4. La industria petrolera volverá a ser el motor del crecimiento económico al detonar. inversiones en nuevas áreas.
  5. Habrá más recursos para programas sociales y el presupuesto.
  6. Los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos.

Lo anterior encuentra aparente justificación porque para el año 2020 México se convertirá en un país deficitario en energía. Por un lado, las reservas probadas 44,530 millones de barriles de crudo, se agotarán en 10 años. Por otro lado, México es incapaz de satisfacer su demanda doméstica de gas natural, que ascendió a 246.3 millones de metro cúbicos diarios en el año 2012, por lo que tuvo que importar 73 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Lo anterior, debido a que entre 2000 al 2011 la sociedad mexicana incrementó su consumo de energía a una tasa promedio anual de 2.08% anual, con una disminución de la producción de energía primaria a una tasa anual del 0.3% anual durante ese mismo periodo.  

Así, el reto que se ve en el Ejecutivo es asegurar que la riqueza del subsuelo sea aprovechada por y para los mexicanos. Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, menciona que Pemex dejaría de ser una empresa paraestatal para convertirse en una “empresa pública productiva” con la intensión de lograr una mayor autonomía; explica que se piensa lograr mediante tres puntos importantes:

a)     Modificando artículos de la Constitución mexicana, artículos 27 y 28.

b)     Contratos de utilidad compartida, conocidos como Profit Sharing Agreements (PSA) en exploración y producción de hidrocarburos.

c)     Abrir la petroquímica básica y la generación de energía  eléctrica a la inversión privada.

Aunado a lo anterior, Enrique Peña Nieto busca demostrar que la transformación al sector de la energía no representa una privatización, y que la reforma no se propuso con dedicatoria para los capitales extranjeros y que los empresarios mexicanos, los consumidores, así como los trabajadores de este sector, sí se beneficiaran con la apertura a la inversión privada. 

Asimismo, la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), catalogada como la más agresiva porque va por todo. Es decir, un cambio estructural de gran impacto. El partido blanquiazul está dispuesto a modificar la Constitución, dar concesiones, permitir contratos donde se comparte la producción. El problema en esta reforma es que “afloja” demasiado el control regulatorio, se corren riesgos de distorsiones en el mercado y el gobierno debe tener y ejercer controles sobre el mercado y sobre todo intervenir con tiempo para evitar impactos negativos en la economía.

Todo ello, obtiene relevancia porque ningún país petrolero del mundo, tenga los contratos y concesiones que sean, no se “afloja” tanto a las exposiciones del mercado. Es decir, esta propuesta, junto con la iniciativa del Ejecutivo, pretende cortar de tajo el dominio del Estado sobre sus recursos y sobre el derecho exclusivo de su explotación. Incluso sería como un regreso a condiciones anteriores a la Constitución de 1917. Perder el dominio directo de la Nación sobre el territorio, sus recursos y la explotación de esos recursos. En otras palabras, si se habla de que la energía es un asunto de seguridad nacional, aquí y en cualquier parte del mundo, la posibilidad de cambiar lo que hacemos en materia de energía en México no debería depender exclusivamente de la inversión privada; ¿por qué?, porque cuando las aperturas, a la inversión extranjera, afectan los activos públicos, en este caso un monopolio natural, es necesario que la regulación ayude a encontrar camino respecto a las expectativas ciudadanas de beneficiarse con servicios de bajo costo y alta calidad, aspecto curioso que en México ha sido la excepción.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) defiende una opción nacionalista y más enfocada a cambios operativos, donde coinciden en que es necesario realizar ajustes en el sector energético mexicano, para darle viabilidad.  

Dicho todo lo anterior pareciera urgente una reforma energética, pero ¿qué aspectos son cuestionables?  

Respecto a los cambios constitucionales. Primera cuestión. Se afirma que de no tocarse la estructura de Pemex la reforma estaría incompleta. Sin embargo, esto representaría vulnerabilidad si las cosas no salen bien, ya que implicaría pérdida de soberanía sobre la administración de recursos estratégicos para la economía nacional. Es decir, de entrada, los propietarios privados de bienes son superficiarios. Es decir, los artículos 27 y 28 de la Constitución se caracterizan por dar certeza al país es un aspecto fundamental: la Nación no otorga un derecho de propiedad ni siquiera de exclusividad, pero sí otorga un permiso para crear riqueza con los bienes de la Nación por parte de los privados, una concesión. Lo relevante de ello es que si el Estado, representante legítimo de la Nación, juzga en un determinado momento que no se hace buen uso de los bienes nacionales, entonces opera un recurso que se llama derecho de reversión y los bienes dados en concesión regresan al dominio de Nación ¿Por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque con las modificaciones constitucionales pretendidas, la legislación mexicana prácticamente no existiría y se jugaría con las reglas del derecho internacional. Es decir, la legislación mexicana ya no contaría, o dejaría de tener peso en las negociaciones internacionales, porque todos los contratos se celebran no con la jurisdicción de un país, sino que existen tratados internacionales y esos contratos están sujetos a las normas de la Convención de Viena, que es la que marca las pautas generales del comercio internacional.

Esto tiene relevancia porque México tiene una gran deficiencia porque no tenemos equipo que defienda el interés nacional. Ello, es una realidad, por ejemplo, Price Watherhouse Cooper, KPMG, Mckenzie, firmas especializadas en tres grandes líneas de negocio: auditoría y riesgos tecnológicos, consultoría de negocio y financiera, y asesoramiento legal y fiscal, con sedes en Londres, Inglaterra y en NY Estados Unidos, ya están listos. Todas las empresas están fortaleciendo sus departamentos de energía, se están adelantando a un hecho que todavía no ocurre, entonces ¿y a Pemex quién lo defiende? ¿las leyes secundarias que garantías nos darán a nivel internacional?

Respecto a los contratos de utilidad compartida o Profit Sharing Agreements (PSA). Segunda cuestión. En relación con el punto uno, se corre el riesgo de que Pemex se vea debilitado frente a petroleras extranjeras, que comenzarían a registrar las reservas del país como propias. Entonces serían las empresas estadounidenses las que podrían buscar estrategias de financiamiento apalancando esos recursos, y no Pemex. De ahí, que mientras se pugnaban por modificaciones a la Constitución, que terminaron el 7 de diciembre de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, organizaciones como Petroleum Equipment Suppliers Association, Association of Oilwell Servicing Contractors y la Offshore Marine Service, en conjunto con grandes petroleras estadounidenses como Halliburton, Schlumberger, Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhilips, observaron con beneplácito los cambios legislativos para proteger la propiedad intelectual en el territorio mexicano. En suma, los dos puntos anteriores demuestran el riesgo latente en que los cambios constitucionales y en el régimen de Pemex beneficien más a las empresas extranjeras que al país. Porque la preparación ante estos cambios, sin duda, es mejor por parte de las empresas extranjeras. Lo anterior es inquietante porque si se trata de establecer contratos de “utilidad compartida”, estos contratos deben suponer igualdad o similares condiciones entre las partes, pero no las vemos por ningún lado. Por ello, México debe conservar la rectoría sobre el petróleo, el gas, la petroquímica y la generación de energía bajo todas sus modalidades (contratos de riesgo, utilidad compartida, producción compartida).

Con respecto a lo económico. Tercera cuestión. Nos queda claro que Pemex ha dejado de cumplir algunos propósitos desde su creación: fomentar desarrollo, industrialización y capitalización nacionales, abastecer de energéticos baratos a la economía y contribuir a la salud de la balanza de pagos. De ahí la propuesta de una Reforma Energética. Sin embargo, tomemos en cuenta algunas observaciones.

Primero, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le dicta a Pemex las normas, poniendo metas a la producción para la obtención de recursos públicos (aporta de 35 a 40% del presupuesto federal). A la petrolera le cobran una serie de impuestos y derechos que no le han permitido deducir sus costos. Por eso tiene perdidas. Por ejemplo, haciendo una comparación, Pemex tiene una carga fiscal de 67.4%, mientras que Pdvsa –paraestatal venezolana– tributó 39.9%; Statoil, de Noruega, registró 19% y Ecopetrol, de Colombia, 11% de tasa tributaria, esto tiene relevancia cuando Pemex entregó 902, 900 millones de pesos a la SCHP, de acuerdo con su último reporte de resultados.

Es decir, no hay fundamento económico para la reforma porque decir que no hay recursos, cuando Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos en los últimos doce años, es un insulto para los mexicanos; decir que no hay tecnología tampoco es válido porque las corporaciones internacionales las tienen, hay empresas especializadas en tecnología, que son contadas, y que se puede acceder directamente con ellas para su apropiación, desarrollo conjunto o autónomo a través del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Decir que no hay personas capacitadas tampoco es válido porque tenemos excelentes ingenieros petroleros, ingenieros civiles que saben lo se tiene que hacer.    

Lo anterior es relevante porque nos explica el rezago acumulativo en la capacidad de renovación productiva de Pemex, tanto en la exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros, como la ampliación y modernización de las plantas de proceso.

Entonces, la descapitalización de Pemex ha sido brutal y se ha producido de manera sistemática y deliberada desde hace varias décadas por el "poder político" de éste país, por su irresponsabilidad, falta de transparencia, carencia de planeación, y corrupción en la toma de decisiones. Por lo tanto, la astringencia financiera a la que ha sido sometida la ha limitado significativamente.

Respecto a formas de energía alternativa. Cuarta cuestión. Sabemos que nuestro país posee una capacidad, a nivel internacional, en el escenario energético porque cuenta con recursos para el abasto de su mercado nacional y de exportación. Tiene suficiente potencial capaz de competir con los principales mercados globales, sobre todo en la producción de energías renovables de sustentabilidad ambiental. En el entorno internacional, Alemania, Dinamarca, España y el Reino Unido ahora dependen menos del petróleo y cada vez más de otras fuentes de energía como la eólica y solar, promoviendo con ello beneficios económicos y de salud para sus poblaciones.

Desde la perspectiva de México como país dependiente del petróleo, y que se encuentra en un momento de cambio de paradigma en la producción energética y, tomando en cuenta a los países que han transitado por éste cambio, cabe distinguir que se requieren decisiones de Estado, no de un partido político en particular, que permitan aprovechar las ventajas costo-competitivas del gran potencial existente en las fuentes eólicas, solares y otras más. Entonces, si la reforma energética representa únicamente un botín, ésta no contendrá, en términos reales, las previsiones necesarias para que el país transite de manera exitosa. El Estado mexicano, debe proveer seguridad energética con visión de futuro y de mitigación del cambio climático. México debe conservar la rectoría sobre petróleo, gas etcétera. Esa tendencia se está dando en todo el mundo, en China y Estados Unidos por ejemplo. Entonces, si esa es la tendencia ¿Por qué México debería hacer lo contrario? No veo por qué hacerlo. 

Al parecer, el único fundamento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está  sustentado en lo político. El PRI, partido con más representantes, y tomando en cuenta sus alianzas con partidos más chicos (PVEM y Panal), necesitaría otros 83 y 24 votos adicionales en las Cámaras de Diputados  y Senadores, respectivamente, para lograr así su aprobación mediante la mayoría constitucional. Por otro lado, a pesar de las diferencias entre propuestas del PRI y PAN, ambas muestran entendimiento sobre la necesidad de cambiar la estructura. El PAN tiene 114 diputados y 38 senadores, por lo que de formarse una alianza con el PRI, se lograrían las modificaciones constitucionales propuestas en la reforma ¿Esta unión en las Cámaras nos representará realmente a todos?

Finalmente, es obvio que la propuesta del Ejecutivo nada tiene que ver con el General Lázaro Cárdenas del Río, si algo se aprendió de aquella época fue que Cárdenas del Río fue el primero en azotar la puerta porque entendió que las cuestiones petroleras son negociables y que es posible hacer valer el Estado de derecho. Es decir, la lección fue que México puede ser un país de reglas a pesar de sus fallas. Actualmente, por supuesto, el petróleo y cualquier forma de energía,  siguen siendo negociables, y no deben ser un asunto de aspectos políticos únicamente. Sin embargo, la propuesta de reforma energética, es un producto que se vende bien en una sociedad con bajo nivel cultural, presa fácil de la propaganda y, una clase política, con intereses particulares ajenos a un país con grandes carencias. El partido en la presidencia sabe que es más fácil privatizar arropado en la bandera del nacionalismo, la simulación, las redacciones envolventes, las cuentas optimistas, y la compra de votos, que ganar honestamente el debate de las ideas en un foro público de difusión y voto nacionales.

Que quede claro que la audacia no es sinónimo de inteligencia, ni de responsabilidad. Eso ya lo hemos comprobado. Y más aún, recordando la lección histórica sobre reformas que hemos tenido en México, refiriéndonos a que las transiciones precipitadas, vistas con carácter de urgencia, no han sido sino transiciones aparentes y, nunca, progresos reales.