jueves 27 de noviembre de 2014 | 12:38

La política en tacones. Ahorros

Pilar Ramírez @pramirezmorales mar 5 de febrero de 2013

El pasado 30 de enero, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del gobierno federal para ahorrar el cinco por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias.

                Por primera vez, Hacienda no encabeza las acciones de ahorro con lo que se conoce popularmente como “congelación de plazas”, que no es más que la determinación de no contratar a nadie y tampoco sustituir al personal que se jubila o renuncia. Las dependencias deberán hacer un diagnóstico para definir los rubros de ahorro, con base en lineamientos emitidos por la dependencia federal, entre los que se incluye el capítulo 1000 (salarios) en los mandos superiores que van de subsecretario a director general y mandos medios que comprenden de director general adjunto a jefe de departamento y, entre los criterios, el costo asociado a la plaza y a la persona.

                El uso del lenguaje burocrático para describir la intención de ahorrar da lugar a una serie de interpretaciones, pero es un primer paso para reconocer algo que es del conocimiento popular: una gran cantidad del dinero público se destina a servicios de privilegio para los titulares de las dependencias. A fuerza de repetición, nos hemos habituado a una lógica muy retorcida en la que los funcionarios, que son los empleados que más ganan, son los que más apoyos y prebendas tienen.

En la burocracia mexicana es “normal” que el jefe tenga vehículo, chofer, gasolina, telefonía celular, gastos médicos mayores (aunque tenga derecho al IMSS), seguro de retiro, gastos de representación que no son sino comidas gratis en compañía de amigos y en lugares caros, papelería personalizada, diarios y revistas, equipos computacionales y accesorios de última generación como las muy codiciadas tabletas de la manzanita, además de secretarios particulares o asistentes que le facilitan la vida al funcionario en cuestión pues no sólo se encargan de la agenda institucional sino que además le mandan flores a la esposa el día de su cumpleaños o de su aniversario de bodas (para cubrir al marido que olvidó la fecha), compran los regalos de los hijos, de las amantes (los cuales nunca olvida el funcionario), cumplen encargos familiares o las compras del supermercado, envían el vehículo para que lleve y traiga a la familia, compran la pluma que le gusta al jefe (con el fondo revolvente de la oficina) y cuidan que en la cafetería haya siempre productos que son del gusto del titular, todo ello con recursos públicos. Entre mayor es el rango del funcionario el nivel de gastos asociados también es más grande y si ello se multiplica por todos los niveles de mando que existen en el gobierno federal, podemos imaginar la sangría de recursos que cotidianamente se hace a las arcas gubernamentales, sólo por esos conceptos y destinados exclusivamente a quienes tienen los salarios más altos, algunos de ellos indecentemente altos.

Ojalá allí terminara el problema. Es un fenómeno que se repite en las entidades federativas y en cada uno de los más de dos mil quinientos municipios del país, donde el nivel de gasto es acorde a la riqueza del municipio, pero siempre hay de más para los jefes de mayor jerarquía. Eso sólo por lo que corresponde a los gastos autorizados, pero sabemos que en estos rubros también se quebrantan a menudo las normas. Sólo es cuestión de revisar la gran cantidad de municipios que no entregan buenas cuentas.

El resto de los trabajadores, en cambio, son los que se apretujan en el autobús o en el metro, los que dejan sus coches al final de la quincena porque ya nos les alcanzó para la gasolina, los que se comen una sopa “Maruchan” para ahorrar, los que le ponen de cien en cien el crédito a su celular, lo que compran a muchos meses sin intereses aunque en el precio final ya vayan incluidos pero es una forma de no entregar el dinero de una sola vez, los que ni siquiera le compran un regalo de aniversario a la esposa porque no les alcanza el sueldo aunque se acuerden perfectamente de la fecha, los que envían a sus hijos a las escuelas públicas y no sólo los mandan sin chofer sino también sin compañía paterna porque no pueden compaginar los horarios de entrada para ir a dejar a los niños.

El cómo se gastan los recursos públicos ha sido desde siempre un reclamo de transparencia. La sospecha de que los funcionarios “se sirven con la cuchara grande” ha estado, y está, detrás de la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia los políticos. Las leyes de transparencia han venido a ser un auxiliar, pero quienes manejan las finanzas públicas, la mayoría de las veces encuentran formas lícitas de presentar o justificar los gastos ilícitos.

En una gran cantidad de cabeceras municipales, sobre todo en la ciudades más pequeñas, no hace falta un diagnóstico por escrito, casi cualquier habitante se vuelve testigo de que los presidentes municipales y algunos otros funcionarios, al año de estar en el cargo ya tienen la casa más grande del pueblo, y a veces más. No obstante lo anterior, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), amparado en el secreto bancario, determinó mantener como información confidencial o reservada los montos que los municipios piden prestado a Banobras, pues señalaron que los ciudadanos no son las personas indicadas para conocer dichos datos, aunque sí lo sean para pagar, porque estas deudas se pagan con los impuestos.

                Muchos de los recursos que llegan a manos de los funcionarios más altos de toda la burocracia cruzan la frontera de la legalidad para colocarse en la ilegitimidad o abiertamente en la corrupción. No es gratuito que en 2011, según la organización Transparencia Internacional, México se haya colocado en el lugar 104 —de 174— en el índice de percepción de la corrupción. Misma razón por la que el presidente del Banco Mundial señaló recientemente que existe “una asociación negativa entre el crecimiento y la corrupción” porque ésta “actúa como un impuesto regresivo” que penaliza a los ciudadanos más pobres y a las firmas más pequeñas.

                Los funcionarios no son los únicos responsables de la corrupción pero hacen su contribución. Los privilegios de los que gozan pueden ser legales pero no legítimos. En un país con millones de pobres y con tantas carencias, incluso en el sector gubernamental (sólo véanse las condiciones de algunas escuelas) es insultante el dispendio de recursos en privilegios para los funcionarios. Las medidas de ahorro en los inicios de sexenio son comunes, ya veremos si en esta ocasión se aplicarán sensatamente y si existe la intención de erradicar estos malos hábitos burocráticos.

ramirez.pilar@gmail.com