jueves 21 de agosto de 2014 | 11:04

 Peña Nieto, ¿Represión el primer día de su mandato?

Genaro Aguilar @GenaroAguilar2 mar 4 de diciembre de 2012

Es claro que la violencia no es justificable sin que tengan cabida criterios discriminatorios de acuerdo a los grupos de los que esta provenga, pero si bien este argumento es válido para condenar manifestaciones políticas que devienen en actos vandálicos, también lo es, para revisar el uso de fuerza y violencia excesiva por parte de los grupos policiales dirigidos por los gobernantes, en este caso, los recién asumidos Peña Nieto y su equipo. Entre los prolegómenos del primero de diciembre están los factores que hacen posible el triunfo electoral del PRI el pasado 1 de julio, como el marcado sesgo mediático por parte de las principales compañías televisoras, pero que también incluye a medios impresos o la constante exposición de encuestas de dudosa factura; los múltiples casos de irregularidades reportadas durante el transcurso de la jornada electoral; o los gastos de campaña desmedidos, se habla de límites de campaña excedidos hasta 6 veces, entre dinero procedente del extranjero, y compra de votos por medio de tarjetas Monex y tarjetas del centro comercial Soriana, esto sin contar las acusaciones del uso de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas. Todos los factores antes mencionados contribuyen a la visión, que un amplio sector de la sociedad comparte, de un gobierno actual ilegítimo. 

Las manifestaciones del 1 de diciembre, realizadas, supuestamente, por miembros de estos sectores sociales que cuestionan la legitimidad de Peña Nieto (aunque, de ninguna manera, debe descartarse la hipótesis de la participación de infiltrados o grupos de choque con el objetivo de provocar el desprestigio mediático de las organizaciones sociales, supuestamente, implicadas como el SME o Yosoy132), que tienen también como antecedente el cinturón de seguridad, violatorio a los derechos de manifestación y libre tránsito, que se instaló alrededor del palacio legislativo de San Lázaro, exceden lo contemplado en la Constitución Política y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a lo que debe ser considerado y protegido como derecho de reunión y manifestación. No obstante, la manera de proceder del Estado fue violatoria de la dignidad humana, si se contempla que la legitimación de un Estado de derecho se logra cuando se respeta la dignidad de la persona de aquellos que no respetan la de otros, como lo postula  Javier Llobet. Por otra parte, de acuerdo a los lineamientos, firmados por la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad Publica, para regular el uso legítimo de la fuerza pública quedó establecido como uno de sus propósitos,  “evitar la violación de derechos humanos y garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público”. Tomando lo anterior en consideración, no es difícil suponer que el saldo de más de 20 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, y jóvenes abusadas sexualmente, nos habla de un Estado que recurre al uso de las fuerzas públicas de modo represivo para mantener su hegemonía. 

No hay suficientes razones para suponer que la reciente administración de Peña Nieto sea una respetuosa de los derechos humanos y las garantías individuales, proviniendo de una tradición partidista que incluye casos como Tlatelolco, Guerrero o Acteal -por mencionar solo algunos- de la que no se ha deslindado completamente, en caso de poder hacerlo. Como ejemplo de esto se puede recordar su participación en la universidad Iberoamericana donde justificó los crímenes cometidos por las autoridades en contra de la población en San Salvador Atenco, al mencionar que: “sin duda dejé muy firme la determinación del gobierno de hacer respetar los derechos del Estado de México. Tomé la decisión de emplear la fuerza pública para mantener el orden y la paz… los incidentes se sancionaron… la acción fue en legítimo derecho de usar la fuerza pública para restablecer la paz y el orden…” declaración que aumentó la indignación del auditorio y que, a las postres, sería uno de los factores que  dieron origen al movimiento Yosoy132. Asimismo es conveniente señalar el papel que tuvieron los medios de comunicación, en particular el duopolio televisivo, el 1 de diciembre, contribuyendo a mantener una visión uniforme acorde a la del partido en el poder por medio de la forma de transmitir los hechos. En las transmisiones de Televisa y Tv Azteca se omitió presentar los discursos de posicionamiento de los partidos políticos, para evitar que salieran al aire las criticas a Peña Nieto por parte del PRD, PT y Movimiento Ciudadano; sin embargo, Joaquín López Doriga comentó varias veces el hecho de que Ricardo Monreal afirmara que existía una persona muerta cuando solo se encontraba herida. Si bien puede ser cuestionable la intención del coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano al pretender generar simpatía a su causa política por medio de una tragedia; fue lamentable la actitud de algunos medios de comunicación, cercanos a la necrofilia, a los que no les bastó que una persona perdiera un órgano vital para considerar la importancia del asunto. Me parece que ante esta situación  es conveniente ejercer la vigilancia al uso que se le da a la fuerza pública y al funcionamiento y reformas del sistema de procuración de justicia y desechar la caricaturización grotesca que se hace, ante la opinión pública, de los manifestantes exclamando “represión” en todo momento.